Miguel Antonio Corchero Alvarado, el empresario promotor del fallido centro de atención telefónica (‘call center’) de Torrelavega, no se presentó ayer al juicio celebrado en el Juzgado de lo Social número 1 de Santander, en el que las 57 personas que contrató y despidió a las pocas semanas, le reclaman una indemnización y los salarios que les adeuda, cantidades que oscilan entre los 6,300 y 23,000 euros por trabajador. El empresario se encuentra en paradero desconocido desde que se destapó el escándalo en los primeros días del pasado mes de junio. Tal es así que, como carece de domicilio conocido, para la vista celebrada ayer fue citado mediante edictos.