El Gobierno defiende en la Unión Europea relajar el principio de neutralidad en la red para permitir a las compañías que ofrecen la conexión bloquear aplicaciones o cobrar más por su uso. En un documento remitido a la Comisión Europea, que lleva meses analizando si es necesaria una nueva legislación, el Gobierno ha advertido de que la neutralidad “no debe entenderse de modo estricto, en el sentido de que todos los usuarios deban recibir idéntico tipo de servicio”. Según el Ministerio de Industria, la UE no debería reforzar la protección de la neutralidad, sino permitir el “bloqueo, restricción o gestión de tráfico” a las empresas que proporcionan la conexión siempre que no sea de “manera indebida”. La comisaria Neelie Kroes, responsable de Telecomunicaciones, se ha mostrado repetidamente a favor de una internet abierta y decidirá antes de fin de año si es necesario reforzarla.
Este documento forma parte de la consulta pública abierta por Bruselas, que ayer se hizo visible y que ha recibido más de 300 respuestas, incluyendo Gobiernos, internautas y empresas.
Bruselas dio ayer a conocer los resultados de su consulta pública
El principio de neutralidad en la red ya está recogido por las leyes europeas, que consagran “la capacidad para los usuarios finales de acceder y distribuir información o utilizar aplicaciones que ellos escojan”. Sin embargo, su interpretación divide a organizaciones de usuarios, autoridades y compañías que ofrecen la conexión a internet. Estas últimas bloquean en varios países programas como Skype desde los móviles y han abogado en varias ocasiones por la introducción de una tasa para compañías como Google o Yahoo.
El Gobierno español asegura que se “debe considerar adecuada” la oferta de diferentes velocidades o precios para la conexión dependiendo del servicio que se utilice, algo que las organizaciones de consumidores ven como el principio del fin para los programas de intercambio de archivos peer to peer (P2P), entre otros. Estos programas consumen a menudo un amplio ancho de banda y están en el punto de mira de sociedades de derechos de autor. Esta gestión del tráfico que Industria reivindica para los proveedores de conexión “puede responder a estrategias de carácter comercial” o “basarse en tecnologías sometidas al secreto industrial”, añade.
El Gobierno también justifica en su respuesta a Bruselas el bloqueo de servicios como Skype desde el móvil, por motivos “físicos y tecnológicos”, defendiendo que en la práctica “se sigan criterios diferentes para las redes fijas que para las móviles”.