La falta de jueces capacitados en tecnología, de recursos económicos y por ende de poco personal para combatir el delito electrónico, así como la falta de una política gubernamental clara de seguridad electrónica han dificultado la aplicación de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y que el país rubrique el Convenio sobre la Ciber-delincuencia (Budapest) rubricado por 30 países.

A esas limitaciones se añade la falta de conciencia que tiene la población sobre sus derechos y deberes ante los retos que representan los grandes adelantos en las tecnologías de la información y comunicación en el país.

Pedro Félix, director del Departamento de Propiedad Intelectual de la Procuraduría General de la República, admite parte de esta realidad.

Aunque destaca que la mayoría de los casos registrados se resuelven con acuerdos entre las partes involucradas, que algunas veces incluye alguna indemnización o simples perdones, afirma que actualmente en el país todavía existen muchos jueces que no manejan el tema de la “prueba electrónica” lo que constituye un gran problema.

“Lo que veo es que escasean las decisiones porque hay otro problema; la valoración de la prueba y hay muchos jueces que todavía no manejan bien el tema de la prueba electrónica y ahí muchas debilidades todavía en eso pero estamos luchando para eso”, admitió.

Pese a eso el funcionario defendió los avances alcanzados con relación a otros países. Afirma que existe una plataforma técnica y jurídica que permite, a su entender, garantizar la seguridad electrónica.

El departamento que dirige funge como “una unidad direccional”, según su definición, “que traza las políticas del Ministerio Público a nivel nacional e internacional”. Sólo tres personas laboran en ese departamento, incluyendo a un investigador judicial.

Aunque Félix afirma que de requerir mayor personal puede usar de los que dispone el Ministerio Público.

Desde ahí se reciben las denuncias y querellas, en coordinación con el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía Nacional.

Según el magistrado los casos más frecuentes son los de particulares, aunque existe una gran cantidad de tráfico ilícito de fondos y fraudes bancarios (Phishing).

Sobre el Convenio del Consejo de Europa que se firmó en Budapest en el año 2001, relató que desde hace años en el país se está impulsando que sea rubricado como forma de garantizar la cooperación internacional, que incluiría el apoyo de la Interpol y otras agencias de seguridad a nivel mundial como por ejemplo de Europa y de Estados Unidos.

El obstáculo más reciente fue la reforma a la Constitución, del pasado 26 de enero del 2010, que provocó que el convenio retornará a la Suprema Corte de Justicia para ser verificado.

“Estaba estancadito allá arriba. Me reuní con Subero y ya salió, el pleno lo aprobó. Vamos a sacarlo de aquí rápido al Poder Ejecutivo y luego al Congreso”.

Juristas expertos en propiedad intelectual y delitos electrónicos ponen en evidencia algunas limitaciones existentes pese a que hacen grandes elogios sobre los avances alcanzados.

Se trata de Carmen Chevalier Caravallo y Jaime Ángeles, quienes consideraron prioritario rubricar el convenio de Budapest.

Chevalier Caravallo destaca que hace falta trabajar en equipo y que las instituciones que integran Comisión Interinstitucional contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (CICDAT), creada por Ley 53-07, trabajen como un solo ente.

Atribuye esa debilidad a que no existe una política clara de persecución de ese tipo de delitos.

Se refiere a la a Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI); el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel); la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana; el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Mientras que Jaime Ángeles cree que la CICDAT aunque ha estado trabajo debe ser más agresiva. Coincide con Chevalier Caravallo en que es necesario que exista mayor coordinación y cooperación entre todos los sectores involucrados para mejorar la seguridad cibernética y dar cabal cumplimiento a las disposiciones de la ley 53-07.

“Deberíamos de completar y finalizar la entrada en vigencia en la República Dominicana de la convención del Cibercrimen (Budapest) para que la cooperación internacional y la persecución internacional del delito sean mucho más llevaderas”.

Ambos creen el problema no radica en la Ley 53-07 porque entienden que es el marco jurídico adecuado y que se fundamenta en esa convención.

El magistrado Félix destacó que existe una Coordinación de Emergencias en redes telemáticas para dar respuesta inmediata a esos incidentes y que cuentan con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Advirtió a la población a ser más selectivo de las informaciones, fotografías y vídeos que sube a la internet porque sin darse cuenta pueden dar pistas a los delincuentes.

Destacó que la mayoría de los usuarios de las redes sociales no tienen conciencia de que éstas no deben ser usadas para poner si están en la playa o si se fueron de viaje porque es una forma de decir: La casa está sola vengan a robar..”

Otro aspecto que analiza es que la gente sube fotografías de otras personas sin consultarles al ignorar que para usar su imagen tienen que pedirles permiso.

En las redes la gente tiene que madurar y sus datos personales usted no puede estar sirviéndolos en la red así graciosamente.

Admitió que la Procuraduría no cuenta con unidades formales de atención a esos delitos a nivel nacional pero los afectados podrían trasladarse a Santo Domingo o a Santiago.

Los afectos con delitos electrónicos deben presentar sus denuncias personalmente

Según el DICAT, desde el 2009 hasta marzo del 2011 se recibieron 1777 denuncias, de las cuales 1510 fueron resueltas, por lo quedan pendientes 448 casos.

Los casos más comunes de denuncias son por llamadas molestosas y/o amenazantes, Phishing (fraude electrónico) son los más comunes. También se presentan difamaciones y amenazas por correo electrónico e internet, fraudes electrónicos a personas o empresas, robo de identidad, pornografía infantil, clonaciones de tarjetas, estafas telefónicas y sustracción de equipos electrónicos.

La Ley tipifica varios tipos de delitos electrónicos. Estos son la clonación o duplicación de una serie electrónica. No existe una política clara para enfrentar ciberdelito obstáculos para arribar convenio internacional de Budapest.

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