A diferencia de Claro, que se comprometió a compensar económicamente a sus clientes otorgándole un crédito por la avería en la plataforma BlackBerry, Orange Dominicana se limita a escuetamente comunicar lo siguiente, cito: “La empresa trabajará aceleradamente en identificar algún mecanismo de compensación a los clientes que se vieron afectados por esta falla, como ya en otras ocasiones la empresa de telecomunicaciones ha procedido”.
Desconociendo con esto el mandato de la Ley General de Telecomunicaciones que como resultado del Reglamento General del Servicio Telefónico que en el punto 21.4 y 21.5 del mismo indica: “Igualmente, tendrá derecho a un crédito aquel usuario al que se le interrumpa el servicio por períodos menores a un día, pero de manera recurrente durante el transcurso de un (1) mes. En todos los casos, el monto del crédito a aplicar será calculado tomando como base la suma total que paga mensualmente el usuario por los servicios fijos contratados o renta básica, dividiéndola por los días del mes y multiplicando este resultado por los días sin servicio que la interrupción haya causado”.
Esperamos que Orange Dominicana comunique claramente que realizará un crédito a sus clientes, pues no es correcto vincular la compensación a dichos clientes con las negociaciones a las que lleguen con Research In Motion (RIM) que es la empresa que fabrica los BlackBerry y opera la plataforma de datos desde diversos nodos o switches en todo el mundo. Pues cada operador debe regirse por la Ley General de Telecomunicaciones que establece cómo se deberá otorgar el crédito, sin importar que la razón de la avería sea provocada por un suplidor de la empresa operadora del servicio, la responsabilidad con el usuario es de cada empresa prestadora en el país, que son las que tienen contratos suscritos con los clientes.
En nuestro país tenemos que acostumbrarnos a la institucionalidad y apego irrestricto a la ley, pues las leyes son siempre buenas cuando no somos nosotros que las debemos cumplir, y atentan contra el clima de inversión, la estabilidad empresarial y demás excusas, cuando nos corresponde apegarnos a su fiel cumplimiento. Hacemos un llamado al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).