El discurso contra la llamada “piratería” que sostienen algunas instituciones vuelve a quedar en evidencia. Las últimas pruebas que demuestran que desde las oficinas del FBI también se descargó material con copyright por P2P quita toda autoridad moral a este servicio de investigación para criticar a los usuarios.
Es una amenaza emergente, especialmente con el aumento de las tecnologías digitales y las redes para compartir archivos”. Con estas palabras define en su página web el FBI, servicio de investigación federal de Estados Unidos, a la “piratería online”, a la que no duda en calificar como un “delito grave”. No en vano, en los últimos años hemos visto a este organismo muy implicado en la lucha contra la infracción de los derechos de autor en la Red. A destacar, su intervención en el cierre de Megaupload, “foco de piratería a nivel mundial” según las autoridades federales.
Pero como en tantas ocasiones en la vida, parece que desde el FBI se han dedicado a mirar demasiado la paja en el ojo ajeno olvidándose de comprobar si en sus oficinas también existen “piratas”. Según podemos leer en Torrentfreak, así es, puesto que un escaneo realizado por la compañía ScanEye ha servido para detectar varias direcciones IP de la División de Servicios de Información de Justicia Criminal del FBI.
Como ha quedado demostrado, en las oficinas de las autoridades federales se han descargado a través de BitTorrent series como Homeland, Dexter o películas como la segunda parte de la saga Millenium, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Todo apunta a que las descargas fueron realizados por empleados de la oficina para su ocio personal, algo que si bien resulta llamativo se trata de una práctica muy extendida incluso en instituciones cuya política pasa por la lucha contra la piratería.
Oficinas del Congreso estadounidense, su Departamento de Justicia, sellos discográficos o majors de la industria del cine también han sido cazadas descargando a través de P2P, lo que supone toda una contradicción a su discurso oficial. Más cerca, en nuestro país, también se han detectado descargas de material con copyright desde las sedes nada menos que la SGAE, el Ministerio de Cultura y la Moncloa, impulsores de la censora Ley Sinde, norma que busca luchar contra la piratería a base de cerrar páginas web.