La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva en contra de un iraní, miembro del cuerpo de guardiantes de la Revolución Islámica (IRGC), acusado de adquirir equipos electrónicos y software desde el país, procedente de los Estados Unidos a través de agencias de envío, utilizando procedimiento fraudulento, para luego enviarlos a Irán. El tribunal dispuso que Alí Bitazar, de 34 años, siga recluido en una celda de máxima seguridad de la cárcel de San Pedro de Macorís.
La decisión fue adoptada por los jueces Ramón Horacio González Pérez, presidente, Pedro Sánchez Rivera y Rosalba Garib Holguín, quienes rechazaron un recurso de apelación que buscaba variar la medida de coerción.
El tribunal consideró que no han variado los presupuestos que dieron origen a su adopción, “pues la documentación aportada resulta insuficiente e irrelevante para hacerla variar”.
Asimismo, varió la medida de coerción de prisión preventiva por una fianza de RD$500,000, impedimento de salida y presentación periódica a Griselda Antonia Sánchez Castro, quien es señalada como presunta administradora de una empresa del extranjero.
El director de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, John Henry Reynoso, el procurador de la Corte, Enger Reyna y el fiscal José Cabrera plantearon que hace varios meses, el MP, conjuntamente con el DNI, llevan a cabo una investigación de acción pública en contra de Bitazar.
Dicen que éste alegadamente usa la empresa Codex Solutions para adquirir equipos de alta tecnología, con el objetivo y la intención de materializar crímenes de alta tecnología, auxiliándose de dos personas en el país. Dice que en el desarrollo de la investigación se ha podido establecer que el imputado es agente del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, y se mantiene en el país realizando compras de aparatos electrónicos de última generación.