En los últimos seis años, se han sometido a la justicia dominicana 2,234 personas, nacionales y extranjeras, por los delitos de clonación de tarjetas y robo de datos e identidad a través del “phishing”. Sólo esta última modalidad, usada para sustraer dinero e información de cuentas a través del correo electrónico y páginas falsas de Internet, fue la causa del 72.7 % de los casos.
El titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, John Henry Reynoso Ramírez, destaca que antes de febrero de 2013, fecha en que se creó esa dependencia, pocas personas eran condenadas por los dos tipos de delitos citados, pues en el 97% de los procesos se llegaba a una conciliación con los bancos o las víctimas, y no había una persecución enfocada en el ciberdelito.
“Respecto a la clonación de tarjetas, el usuario común lo que hace es que va a los bancos, y eso (la tarjeta) tiene un seguro, y siempre y cuando le paguen su dinero, al usuario no le interesa seguir persiguiendo, y a los mismos bancos no les interesa seguir persiguiendo personas. Del 2007 a principios de 2013, sólo había 69 en prisión preventiva por clonación”, lamenta el Procurador.
De manera general, por crímenes y delitos tipificados de alta tecnología procesados por la Procuraduría Especializada en los últimos ocho meses, unos 1,850 sometidos guardan prisión preventiva en espera de su procesamiento judicial que pudiera condenarlos hasta a 10 años de prisión. Otros 28 lograron negociar una garantía económica.
Extranjeros vinculados
Los extranjeros sometidos entre 2007 y 2013, que pertenecen a redes que se dedican al ciberdelito, cuyas actuaciones han afectado a la banca local, han sido 67 por clonación de tarjetas y 60 por “phishing”. “Por lo general aquí se apresan muchos haitianos, canadienses, venezolanos y colombianos”, dice el magistrado Reynoso.
También, participan delincuentes de otras nacionalidades. El 27 de octubre de 2013, se apresaron dos búlgaros en Bávaro, acusados de colocar teclados adulterados y otros aparatos en cajeros automáticos de zonas turísticas, para obtener el PIN de las tarjetas de crédito o débito de los usuarios, con el fin de clonarlas, y posteriormente realizar retiros. En total, la estafa rondaba los US$200 mil.
¿Cuáles penas les tocarían?
En menos de un año, la nueva Procuraduría Especializada conoció 4,115 casos de crímenes, y delitos de alta tecnología en el país, que incluyeron clonación de tarjetas, “phishing”, llamadas molestosas y robo de celulares.
Para los 1,850 que guardan prisión preventiva por todos esos delitos, el magistrado Reynoso espera sanciones ejemplares. La Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología establece que la obtención ilícita de fondos de un usuario, se sancionará con la pena de tres a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 veces el salario mínimo.
Respecto a la transferencia electrónica de fondos a través de códigos de acceso o de cualquier otro mecanismo similar, el castigo va desde uno a cinco años de prisión y multa de dos a 200 veces el salario mínimo.
En tanto que la estafa realizada a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, se sancionará con la pena de tres meses a siete años de prisión y multa de 10 a 500 veces el salario mínimo. Y el robo de identidad por los mismos mecanismos conlleva penas de tres meses a siete años de prisión y multa de dos a 200 veces el salar
Más capacidad para atacar
DL consultó a la presidenta ejecutiva del Banco de Ahorro de Crédito Adopem, Mercedes Canalda, para conocer su parecer sobre el trabajo de la justicia para perseguir el fraude bancario. Considera que pese a los avances, hay que trabajar más.
“La justicia dominicana en el tema de la persecución de los delitos de alta tecnología, ha ido avanzando, aunque todavía falta fortalecer ciertos aspectos que pueden ser fáciles de implementar, especialmente en las instituciones de intermediación financiera, sobre todo por el nivel de transparencia que maneja el sector financiero nacional y la plataforma tecnológica y la reportería que enviamos diariamente a las instituciones financieras”, dice.
En su informe “Tendencias en la seguridad cibernética en América Latina y el Caribe y respuestas de los gobiernos”, la Organización de Estados Americanos (OEA) alerta sobre el crecimiento de los delitos electrónicos.
Indica que en América Latina, dos factores bloquean comúnmente los esfuerzos para enfrentarlo: “La falta de recursos dedicados al fortalecimiento de la capacidad en seguridad cibernética y la escasez de conocimientos especializados y experiencia práctica para la implementación de políticas o capacidades técnicas”.
“Latinoamérica sigue enfrentando restricciones presupuestales, y los planes de gastos a menudo no contemplan grandes inversiones en aspectos como la seguridad informática. Los fondos se invierten con mayor frecuencia en aspectos de ‘seguridad propiamente dicha’, aunque esto probablemente cambiará, conforme los riesgos cibernéticos vayan planteando cada vez más amenazas contra el bienestar físico y económico y la estabilidad de los gobiernos”, dice la OEA.
Aunque asegura que queda mucho trabajo por hacer, la OEA concluye que la conciencia sobre la seguridad cibernética está aumentando día a día, y los gobiernos se están esforzando para mejorar sus instrumentos de política.
Escrito por Mariela Mejía para Diario Libre