
El gobierno de Estados Unidos demandó a Sprint por supuestamente permitir a terceros hacer cobros engañosos a sus clientes de sus servicios de telefonía inalámbrica.
La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, que trabajó de cerca con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) en este asunto, anunció que había interpuesto una demanda ante una corte federal contra la operadora inalámbrica aduciendo que Sprint supuestamente autorizó de forma ilegal a compañías externas hacerle cobros a sus consumidores. Además, la agencia alega que Sprint ignoró las quejas de sus clientes contra los cargos. La agencia busca reembolsar a los consumidores afectados y aplicar penalidades para evitar más actividades ilícitas de este tipo en el futuro.
“Los consumidores terminaron pagando millones de dólares en cargos no autorizados, aunque muchos de ellos no tenían idea que estas empresas de terceros habían hecho cargos en sus facturas”, dijo Richard Cordray, el director de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, en un comunicado. “Con el aumento de los pagos móviles, haremos que las operadoras se hagan responsables por los cobros de terceros”.
La práctica del cual acusan a Sprint se llamacramming y es cuando las operadoras añaden cargos de compañías de terceros a las facturas por el servicio inalámbrico sin el conocimiento de los suscriptores.
La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) también ha perseguido agresivamente a las compañías que sospecha que están involucradas en esta práctica. La FTC ha interpuesto por lo menos siete querellas ante las operadores móviles por cramming desde 2013. En octubre, AT&T llegó a un acuerdo por US$105 millones con el gobierno estadounidense. Al momento del anunció, el director de la FCC Tom Wheeler dijo que unas 20 millones de personas habían sido víctimas del cramming. La FTC registró una demanda similar contra T-Mobile en julio. Ese caso aún no ha sido resuelto.
En noviembre, AT&T, T-Mobile, Sprint y Verizon acordaron acabar con esta práctica de cobrarle a sus consumidores por los servicios de terceros.