Unas 254 mil personas que viven en la pobreza fueron documentadas por el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y la Junta Central Electoral, lo que ha permitido mayor ingreso de estos grupos vulnerables a los programas sociales del Gobierno, según un estudio realizado en el país por académicos de la Universidad Nacional de Costa Rica.
El proyecto contó con apoyo del Banco Mundial, y los datos están contenidos en el estudio Línea Base y Evaluación del Impacto del Proyecto de Inversión en Protección Social (PIPS), realizado por el Centro Internacional de Política Económica de esa universidad, el cual es una iniciativa de la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández.
Los resultados de la investigación, presentada por Arlette Pichardo Muñiz, de esa casa de altos estudios, reveló que la adquisición de acta de nacimiento y cédula de identidad y electoral han permitido que más familias que viven en vulnerabilidad se beneficien de los programas de transferencias monetarias condicionadas y de los subsidios gubernamentales.
Muñiz valoró el impacto de la documentación como un requisito de entrada al sistema de protección social y como un instrumento de verificación de la cobertura.
La investigación concluyó que la documentación permite la inserción en la Seguridad Social, conseguir empleo y captar mayores ingresos, un mejor número de integrantes en la familia y un menor número de hijos y dependientes, con lo que se reduce el hacinamiento en la población pobre del país.
Al acto asistieron la directora del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, Rosa María Suárez; la especialista principal de gestión financiera del Banco Mundial en el país, Maritza Rodríguez; la miembro titular del Pleno de la Junta Central Electoral, Magistrada Rosario Graciano de los Santos; y el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Rafael Pérez Modesto.