Desde agosto de 2015 las autoridades han estado informando sobre medidas, allanamientos y detenciones por la venta de teléfonos celulares robados. Pero este delito sigue atrayendo a los delincuentes que encuentran mercado en la necesidad de las tiendas de las piezas para reparaciones o para exportar el aparato y venderlo fuera del país.
Las autoridades policiales y judiciales incluyen en sus investigaciones a los comerciantes para determinar la procedencia del móvil y, si es necesario, verificar si existe un vínculo entre el vendedor y el delincuente.
El titular de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, John Henry Reynoso, informó ayer que las autoridades programan implementar este año una medida contra la exportación e importación de celulares robados.
El vocero de la Policía, Máximo Báez, afirmó ayer que “tan criminal es el que lo roba como el que lo compra” y que ambos “van a tener el asedio de la Policía”.
Los modelos preferidos por los ladrones son los llamados inteligentes. El procurador estima que quien los sustrae puede ganarse RD$500, RD$600 o más. “Quienes realmente ganan con los celulares son las tiendas, que se pueden ganar 2 mil, 3 mil pesos por un celular”, agregó.
Reynoso explicó que los aparatos se pueden vender por piezas para cambios de pantalla y de ‘housing’, “no así la tarjeta que tiene el IMEI integrado”.
En septiembre de 2015 la Policía y el Ministerio Público decomisaron decenas de celulares en 39 tiendas de Plaza Central, en el Distrito Nacional, y allanaron locales en el ensanche La Paz y la avenida Duarte.
Ese mismo mes, las empresas de telefonía móvil y la GSMA Latinoamérica (Asociación Global de Ecosistema Móvil) firmaron un acuerdo para que los operadores se conecten a la base de datos de equipos robados de la GSMA, para intercambiar los números de identificación IMEI.
A pesar de las muertes ocurridas en asaltos cometidos en los últimos meses para sustraer el celular a la víctima, como la registrada el sábado pasado a una embarazada en Villa Mella, Reynoso asegura que las medidas tomadas desde agosto por las autoridades han reducido las denuncias entre 60 % y 70 %.